Solamente 156 palabras, distribuidas en cinco artículos, le bastaron a la Legislatura de Tucumán para facultar al Poder Ejecutivo a endeudar a los Tucumanos en $ 400 millones de pesos más. Tienta la ecuación de dividir el monto del empréstito autorizado por el número de vocablos legislados. El resultado arrojaría que cada palabra parlamentaria le costó al pueblo, en este caso, algo más de $ 2,5 millones. Pero el resultado es una falacia. La norma sancionada el jueves, en materia ya no sólo de institucionalidad sino de legalidad, no vale, ni siquiera, el papel y la tinta con que fue impresa.

Y no lo vale porque son demasiadas palabras para decirle al Gobierno de José Alperovich que hipoteque a los tucumanos en $ 400 millones más en los términos en los que a él le dé la gana.

Los exigentes

La ley en virtud de la cual cada habitante de la provincia (suman 1,5 millón de almas) está endeudado ahora en $ 267 más, no pone tasas máximas de interés a pagar por la operación financiera. La omisión es penosa, pero no gratuita. Si bien le permite al mandatario tomar préstamos a cualquier tasa, lo cierto es que, hoy, va a conseguir los recursos a un 17% anual. Es decir, si se tiene en cuenta la rentabilidad de los bonos de la Reserva Federal del Tesoro (FED) de los Estados Unidos a 30 años y el "riesgo país" de la Argentina, que supera los 1.000 puntos básicos, la tasa debería ser del 18%, pero considerando el volumen del dinero en juego, probablemente consiga una rebaja de un punto porcentual. Por supuesto que el Poder Ejecutivo sabe esto (y tres legisladores del oficialismo, también), pero pautarlo equivale a reconocer que los $ 400 millones que pedirá el alperovichismo les dolerán $ 68 millones por año a los gobernados. Y no se sabe a cuántos años será el préstamo que tomará el gobernador: no se sabe cuántas veces habrá que pagar $ 68 millones.

Y no se sabe porque la ley de las 156 palabras tampoco le puso un tope de amortización. Es más: hace todo lo contrario. Los legisladores no le pautaron al gobernador que tiene un plazo máximo de 38 meses para liquidar el compromiso, teniendo en cuenta que el mandato de Alperovich concluye en octubre de 2015. En cambio, sí establecieron, sacando pecho, que el empréstito se deberá "cancelar en un plazo no inferior a un año". O sea, le "exigieron" al gobernador que no devuelva el dineral en tan sólo 12 meses. El sarcasmo de Anatole France, referido a que la igualdad ante la ley consiste en que le está terminantemente prohibido a ricos y pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles o robar pan, es aquí referencia suprema de legislación y política pública.

Los redundantes

Por supuesto, la ley onerosa dice que la Casa de Gobierno puede tomar el préstamo en una sola entidad bancaria o en varias ("créditos sindicados o no"). Y, como si no bastara, no prohíbe el cobro de comisiones. Ni de gastos administrativos. Ni de seguros.

En definitiva, no se entiende por qué derrocharon 156 palabras para decirle al Gobierno que endeude al pueblo en $ 400 millones a cualquier tasa, por cualquier plazo, con cualesquiera bancos. Para más redundancia, el Artículo 4° determina que el Ejecutivo realizará en el Presupuesto las adecuaciones para incorporar el crédito, cuando eso ya está hecho. Estos mismos legisladores votaron esa previsión en diciembre: "Presupuesto Año 2012. Administración Provincial. Planilla Anexa Nro. 14a. Endeudamiento público e incremento de otros pasivos a largo plazo: 662.977.500 (de pesos)". Pero, ya se sabe, levantar la mano sin saber muy bien qué se está votando es de rancia prosapia alperovichista. De paso: les queda margen por $ 223 millones más.

Los delegadores

¿Qué determina que la Legislatura no paute el menor parámetro al Ejecutivo en este endeudamiento masivo? Que ese parlamento ha decidido delegar facultades propias de manera totalmente impropia. El artículo 3° de la Constitución alperovichista dice: "Los poderes que esta Constitución establece, no pueden adoptar disposiciones en su contra, ni ejercer otras atribuciones que las que la misma les confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en otros poderes o particulares. El acto realizado en virtud de la delegación es nulo, y los jueces no podrán aplicarlo".

Pero el alperovichismo no aprende de sus yerros ni de la jurisprudencia. Hace ahora lo que ya cometió cuando la reforma constitucional de 2006. En su ya histórico fallo, Rodolfo Novillo, como vocal del fuero administrativo, consideró que la convención constituyente incurrió dos veces en esa delegación prohibida, respecto del Consejo Asesor de la Magistratura. Primero, cuando ubicó al CAM en la órbita del Poder Ejecutivo (la Ley 7.469, que declara la necesidad de la reforma parcial, lo había puesto en el Poder Judicial, donde está ahora). Y, después -y aquí lo revelador-, cuando los constituyentes dispusieron que la integración del CAM se daría por decreto del gobernador. Novillo advirtió que si la Ley 7.469 fijaba que la convención era la habilitada para crear el órgano, también lo era para disponer su integración: no podía delegarla en el Ejecutivo. El exceso fue fulminado de nulidad e inconstitucionalidad.

La Constitución de 2006 también dice que corresponde a la Legislatura autorizar al Ejecutivo para contraer empréstitos. Pero de ahí a dejar en manos del Gobierno todas las pautas de ese empréstito (cuándo tomarlo, con quién o quiénes, a qué tasa de interés, con qué plazo de amortización...) es igual a crear el CAM y luego decir que será el gobernador quien dirá cuántos miembros tendrá, a qué estamentos pertenecerán, cómo serán elegidos...

Los dilapidadores

Cuatro palabras bastan para enfrentar la ley de 156 vocablos: ¿Dónde está la plata?

Los $ 2.000 millones del Presupuesto 2004.

Los $ 2.700 millones del Presupuesto 2005.

Los $ 3.500 millones del Presupuesto 2006.

Los $ 4.400 millones del Presupuesto 2007.

Los $ 5.600 millones del Presupuesto 2008.

Los $ 6.200 millones del Presupuesto 2009.

Los $ 7.100 millones del Presupuesto 2010.

Los $ 9.800 millones del Presupuesto 2011.

Los $ 13.800 millones del Presupuesto 2012.

¿Dónde fueron a parar estos $ 55.000 millones? Ni qué hablar de las ampliaciones presupuestarias: $ 1.510 millones en 2011, $ 1.134 millones en 2010, $ 556 millones en 2008, $ 492 millones en 2007, $ 220 millones en 2006...

¿Cuál es la gran obra pública que trascenderá al alperovichismo? ¿El edificio "cinco estrellas" de la Legislatura? ¿En qué se gastaron los $ 60.000 millones? ¿En los 25.000 empleados públicos de planta permanente designados desde 2004? ¿O también los gastaron en ganar elecciones?

Porque no los invirtieron en rutas, hospitales, escuelas ni viviendas, que se levantan con fondos nacionales. Ni siquiera en las últimas calles pavimentadas o cuneteadas: las paga el Fondo Soja.

Tampoco emplearon esa bonanza en achicar la deuda pública. Tras los grandilocuentes anuncios de "refinanciación integral" por parte de la Nación, años de gracia incluidos, el senador José Cano denuncia que la deuda pública consolidada, más la "flotante", más el pasivo municipal, supera los $ 8.000 millones. El Gobierno lo desmiente y blande el último informe del Tribunal de Cuentas: $ 4.554 millones (al 31/12/10). En cualquier caso, es más que los $ 2.916 de deuda pública de 2003, cuando asumió Alperovich a fin de año, y el Presupuesto provincial era de $ 1.270 millones.

Los desaprovechadores

El alperovichismo es, en esencia, la gran oportunidad perdida de Tucumán. Desperdició una holgura financiera inédita, con la que el Presupuesto provincial se multiplicó por 11. Y sólo deja más deuda. Y, que a nadie se le olvide, más asfalto de democracia pavimentadora. Desde Neuquén a Misiones, pasando por Santiago del Estero y Salta, se puede observar infraestructura de gran envergadura. Aquí, la gran obra alperovichista está apenas al ras del suelo hormigonado. Así seguirá siendo.

Los $ 400 millones ofrendados por la Legislatura al gobernador tendrán, por todo destino manifiesto, "atender desequilibrios financieros del Tesoro Provincial". O sea, ni un centavo quedará en obras duraderas para los tucumanos, quienes deberán devolver ese dineral peso sobre peso.

Eso sí: hay que reconocer que, en las últimas horas, el mandatario dio alguna mayor especificación acerca de lo que hará con esa fortuna pública. El gobernador que el martes decía que 2012 no es un año para hablar de reformas constitucionales, dos días después, y a seis horas de contar con un cheque de $ 400 millones en la mano, les dijo a los legisladores que le tributaron el empréstito que él no va a frenar un nuevo manoseo de la Carta Magna, para que habiliten reelecciones indefinidas.

Según algunos, dijo "soy un soldado más de este proyecto, y si me piden otra reforma se las voy a dar". Según otros, manifestó: "hagan lo que quieran: si quieren, habiliten reelecciones para ustedes. Si quieren para mí, también". Y no faltan los que aseguran que el titular del Ejecutivo también dijo que él, personalmente, no buscará más reelecciones. Como fuere, queda claro que en la ley de las 156 palabras, cada vocablo vale una perpetuidad en el poder. Para el caso, ya hay $ 400 millones disponibles para "convencer" masivamente sobre la "necesidad" de otra enmienda constitucional.

La letra chica del empréstito se escribió en un quincho: la garantía es la institucionalidad de Tucumán, mancillamiento constitucional incluido. Un atropello sólo puede parir otro atropello.

Los otarios

Al menos, resta una buena noticia. Es la confirmación de un anuncio que viene pregonando hace largo tiempo el columnista Marcelo Aguaysol: si el Gobierno puede tomar préstamos, es porque ya salió de la cesación de pagos, aunque no lo reconozca.

Al respecto hay que agregar que si la Provincia ya no está en default, la Emergencia Económica es insostenible.